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Mocoa en la mira internacional: minería de cobre y guerra judicial contra defensores ambientales

hace 30 minutos
5 min de lectura

Una investigación de la organización internacional Global Witness documentó denuncias, presiones judiciales, señalamientos y estrategias de comunicación alrededor del proyecto minero de Libero Cobre en Mocoa, Putumayo. El informe también advierte sobre los riesgos ambientales de una eventual explotación de cobre y molibdeno y examina las relaciones empresariales y políticas que rodean el proyecto.



Mujeres en Pueblo Viejo, vereda aledaña al proyecto minero, contemplando el bosque. Foto Global Witness.
Mujeres en Pueblo Viejo, vereda aledaña al proyecto minero, contemplando el bosque. Foto Global Witness.

En el piedemonte andinoamazónico del Putumayo, defender el agua, las montañas y los bosques se ha convertido en una disputa que trasciende las fronteras del territorio. Una investigación de Global Witness, publicada el 17 de noviembre de 2026, llevó este conflicto al escenario internacional al documentar las presiones que enfrentan personas defensoras ambientales, líderes indígenas, organizaciones y representantes políticos que cuestionan el proyecto minero de Libero Cobre.


El informe, titulado Personas defensoras de la tierra en Colombia se enfrentaron a una «guerra judicial» y campañas de difamación, se construyó a partir de entrevistas con 50 personas y la revisión de más de 25 documentos. Sus hallazgos permiten entender que la disputa por el cobre en Mocoa no se limita a los impactos de una eventual explotación minera: también involucra el debate público, la participación ciudadana, las relaciones entre actores empresariales y las garantías para defender el territorio.

Estos son algunos de los principales hallazgos de la investigación:


  • Señalamientos que relacionan la defensa ambiental con grupos armados

Global Witness documentó comunicaciones de Libero Cobre a autoridades en las que se vinculaba a personas opositoras al proyecto con supuestos planes de grupos armados ilegales. También examinó publicaciones periodísticas que utilizaron expresiones asociadas al conflicto armado para referirse a quienes protestaban contra la minería. Medios como la Revista Semana que ha tenido publicaciones favorables a Libero Cobre, publicó un artículo utilizando un lenguaje cargado de connotaciones relacionadas con grupos armados ilegales para describir a los manifestantes que se oponían al proyecto de cobre de la empresa. El informe advierte sobre los riesgos de estigmatizar a quienes ejercen su derecho a la protesta y a la defensa ambiental.


  • Una posible estrategia de presión jurídica contra organizaciones y personas defensoras

La investigación identifica denuncias penales, acciones judiciales y comunicaciones dirigidas contra organizaciones, abogados, academicos y personas que cuestionan el proyecto. Global Witness analiza estas actuaciones bajo el concepto de «guerra judicial»: el uso de mecanismos legales para desgastar, intimidar o disuadir a quienes participan en el debate público. Entre los casos están las denuncias contra dos organizaciones internacionales y las actuaciones de Libero Cobre contra la clínica jurídica de la Universidad de los Andes, que acompaña legalmente a comunidades de Mocoa.


  • Coincidencias y conexiones entre Libero Cobre, una Veeduría y el sector minero

Global Witness encontró coincidencias entre comunicaciones de Libero Cobre y actuaciones de la Veeduría por la Transición Energética Justa y la Paz, así como relaciones entre integrantes de esta organización y la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano (APMC). La investigación plantea que estas conexiones podrían favorecer intereses comunes en el debate sobre la protección ambiental de Mocoa. Tanto la empresa como las organizaciones mencionadas han negado una coordinación.


  • Diferencias entre lo que se comunica a las comunidades y a los inversionistas

Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con el método de explotación minera. Mientras Libero Cobre ha manifestado públicamente que la minería a cielo abierto no sería una opción, documentos técnicos y corporativos revisados por Global Witness contemplan precisamente ese escenario. La empresa desestima y califica las preocupaciones del impacto de la mina como maniobras políticas y mentiras, según sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, el análisis independiente del informe también advierte sobre posibles impactos por las grandes áreas que requiere la infraestructura minera, así como la pérdida de bosques, los drenajes ácidos y residuos con sustancias dañinas. La empresa sostiene que todavía evalúa alternativas y que no existe una decisión definitiva sobre el método de explotación.


Una publicación en el Facebook de Libero Cobre en la que se afirmaba que la minería a cielo abierto no era una opción. Los documentos corporativos de esa época muestran que esa opción nunca se descartó.
Una publicación en el Facebook de Libero Cobre en la que se afirmaba que la minería a cielo abierto no era una opción. Los documentos corporativos de esa época muestran que esa opción nunca se descartó.

  • La minería también está profundizando tensiones entre comunidades vecinas

El informe documenta las diferencias entre habitantes de las veredas Pueblo Viejo y Montclar, que comparten la vía de acceso al proyecto minero, pero han asumido posiciones distintas frente a la empresa. Las protestas, las disputas por la movilidad y las acciones judiciales han profundizado las tensiones entre vecinos. Global Witness también identifica relaciones laborales entre uno de los accionantes de una tutela y Libero Cobre, un vínculo que no fue declarado en la correspondencia judicial.


  • Una estrategia de comunicación que proyecta una imagen favorable de la empresa

La investigación encontró publicaciones en medios digitales con mensajes positivos sobre Libero Cobre, relacionados con la familia, los hijos y celebraciones como el Día de la Mujer. Algunas publicaciones hablaban en primera persona como si fueran la propia empresa, sin identificar que eran contenidos patrocinados. Libero Cobre reconoció contratar servicios publicitarios mediante acuerdos escritos, pero afirmó que no controla la línea editorial de los medios independientes.


  • Relaciones políticas y empresariales alrededor de los minerales estratégicos

Global Witness también examinó los vínculos políticos de algunos directivos de Copper Giant Resources, propietaria de Libero Cobre, con la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. La compañía destacó su victoria ante inversionistas y anunció en agosto de 2026 la incorporación a su junta directiva de un abogado que dirigió su campaña, aunque el nombramiento no se concretó por un posible conflicto de intereses. El informe también menciona relaciones de directivos y accionistas de Denarius Metals, nuevo inversionista de Copper Giant, con el mandatario.


Finalmente,el informe concluye con recomendaciones dirigidas al Gobierno colombiano, Libero Cobre y sus inversionistas para garantizar la protección de las personas defensoras y del territorio. 


Entre ellas, proteger el agua, las cuencas de los ríos Mocoa y Caquetá y la Amazonía; respetar el derecho de las comunidades a decir NO a los proyectos extractivos; implementar el Acuerdo de Escazú y combatir la estigmatización. A la empresa le exige abstenerse de intimidar, estigmatizar o utilizar acciones judiciales para silenciar la participación ciudadana, transparentar los riesgos socioambientales y garantizar mecanismos seguros de reclamación. A los inversionistas, condicionar sus inversiones al respeto de los derechos humanos y ambientales y prohibir cualquier tipo de represalia contra las comunidades defensoras.


"No se debe permitir que ninguna empresa intimide o silencie a las personas por defender su agua, su tierra y su futuro. En Colombia, el país más peligroso para los defensores de la tierra y el medioambiente, estas amenazas deben tomarse con la máxima seriedad. Libero Cobre debe respetar el derecho de las comunidades a oponerse a un proyecto minero que amenaza su medioambiente y la Amazonía, mientras que el gobierno colombiano debe garantizar que los defensores puedan expresarse con seguridad y que se respeten las protecciones medioambientales y de derechos humanos". Expresó Javier Garate, asesor principal de políticas de Global Witness, a través de un comunicado de prensa.



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