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Demoras en la Secretaría de Educación ponen en riesgo la sostenibilidad de las canastas educativas indígenas en Putumayo

hace 5 minutos
3 min de lectura

Nueve pueblos indígenas enfrentan retrasos en la revisión de informes y pagos de sus canastas educativas. Aunque los recursos están disponibles, las demoras administrativas de la Secretaría de Educación Departamental afectan la liquidez de los operadores y generan incertidumbre sobre la continuidad de los procesos de educación propia.



El sistema de educación propia de los pueblos Awá, Murui, Embera, Siona, Kofán, Kamétsá, Kichwa, Nasa e Inga que garantizan la transmisión de saberes a 5.791 niños, niñas y jóvenes del Putumayo alertan que la operación de sus canastas educativas enfrenta retrasos administrativos que están comprometiendo su sostenibilidad y la vulneración del derecho fundamental al trabajo y la educación. 


“Detrás de cada informe hay familias, sabedores y dinamizadores que siguen trabajando por las semillas de vida, aun cuando el pago no llega a tiempo”, expresa Paola Maritza Barrera, Enlace de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) delegada para asuntos de la Secretaría de Educación Departamental. También expresó que, de acuerdo con lo informado por escrito por la propia Secretaría el 20 de octubre de 2026, en ese mes el equipo de apoyo para la revisión de los informes no se encontraba vinculado. Según lo manifestado por los operadores, mientras los informes esperan revisión, algunos han tenido que sostener la operación con recursos propios.


“Se trata de que los niños no pierdan sus procesos de educación propia y de que quienes enseñan reciban a tiempo lo que les corresponde. La supervisión de estos contratos es una responsabilidad permanente de la entidad, y la Defensoría del Pueblo recomendó el 29 de octubre que, mientras se vincula el equipo de apoyo, la revisión se realice con personal de planta”, afirma Barrera, quien aclara que su labor es de acompañamiento y seguimiento, y no sustituye las responsabilidades de la Secretaría ni de los operadores.

Tras mingas y espacios de diálogo acompañados por la Defensoría del Pueblo, el 28 de octubre de 2026 se suscribió el Acta SED No. 001: un plan de choque con fechas por pueblo para revisar y pagar los informes pendientes de 2025 y 2026, con corte al 10 de diciembre. Ya se registran avances, como el pago confirmado del informe 1 del pueblo Kichwa. Sin embargo, según el seguimiento de la Enlace, varios compromisos cuya fecha ya pasó aún no cuentan con reporte de cumplimiento, y la Defensoría del Pueblo ha solicitado a la Secretaría información sobre su avance.


Este caso también puso en evidencia las reiteradas quejas por las deficiencias en la atención a los pueblos indígenas. A esto se suman trámites de docentes etnoeducadores, como solicitudes de tránsito y de cosechas, que son los que permiten a un dinamizador indígena o docente ascender, mejorar su escala salarial y avanzar en su trayectoria profesional, sobre los cuales se radicó un derecho de petición que la Secretaría debe responder dentro de los términos de la Ley 1755 de 2015.


“Para 2027 soñamos con contratos más equilibrados, en los que así como hay obligaciones claras para los operadores, también haya plazos claros de revisión y pago para la Secretaría. Lo que pedimos es diálogo, cumplimiento y respeto por el proceso de los pueblos”, concluye Barrera.


La educación propia es un derecho de los pueblos indígenas y de sus niños, reconocido en la Constitución Política (artículos 7, 44, 67 y 68) y en el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991. Para las comunidades, que llegue a tiempo es también una forma de respeto por su palabra, su territorio y su futuro.


Al cierre de este artículo solicitamos vía WhatsApp una versión de la Secretaría de Educación de Putumayo pero no fue contestada. 


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