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Paola Jinneth Silva Montañas de Mocoa.JPG

Unión entre Colombia y Canadá para defender la vida

  • Foto del escritor: Corporación Uma Kiwe  MadreTierra
    Corporación Uma Kiwe MadreTierra
  • 28 ago
  • 5 Min. de lectura

Defensoras territoriales de la Amazonía colombiana viajaron al norte de Abya Yala a finales de junio de 2025 para visitar, durante 10 días, los territorios de cuatro Primeras Naciones en la Isla Tortuga (Canadá).


Realizaron el recorrido con el fin de tejer alianzas e intercambiar saberes, y para comprender cómo las economías extractivas afectan a los pueblos indígenas de la zona. Por su parte, compartieron sus propias experiencias y preocupaciones sobre los impactos que tienen los megaproyectos mineros, petroleros y gasíferos sobre sus territorios en la región del Putumayo, Colombia, y la forma en que los afectan, explicando que en gran parte estas intervenciones extractivistas son impulsadas por empresas canadienses e inversores internacionales.

Foto: Carolina Gutiérrez | https://www.forestpeoples.org/
Foto: Carolina Gutiérrez | https://www.forestpeoples.org/

En Canadá, defensoras territoriales colombianas se reunieron con Primeras Naciones en sus territorios en la provincia (presuntamente) llamada Columbia Británica para intercambiar experiencias sobre luchas comunes y con esperanzas de construir nuevas alianzas. Entre el 18 y el 28 de junio, recorrieron la región, reuniéndose con jefes hereditarios de las Naciones Haida, Wet'suwet'en, Gitxsan y Gitanyow. Se reunieron además con defensoras y defensores de la tierra, guardianes de conocimientos indígenas y jóvenes.


También visitaron sitios de resistencia con los dueños de los territorios. Las lideresas amazónicas colombianas se enteraron de cómo, al igual que en Colombia, las tierras ancestrales indígenas en la Isla Tortuga (Canadá) enfrentan una inmensa presión por parte de los megaproyectos extractivos impuestos (por los gobiernos estatales), que están causando impactos sociales y ambientales nefastos y avivando el conflicto dentro y entre las comunidades. Escucharon cómo el proyecto del gasoducto Coastal GasLink está casi en pleno funcionamiento, y cómo los gobiernos provinciales y federales han aprobado recientemente el gasoducto Prince Rupert Gas (PRGT) supuestamente con la intención de “diversificar el acceso al mercado” en el contexto de las amenazas estadounidenses a la soberanía de Canadá.


La gira tuvo lugar en un momento crucial, ya que los gobiernos de Canadá y (la llamada) Columbia Británica acababan de aprobar leyes para acelerar megaproyectos extractivos supuestamente en favor del interés “público” nacional, alegando que dichas medidas legislativas son justificadas ya que permiten el acceso industrial a los minerales estratégicos y ayudan a satisfacer una demanda creciente mundial por materiales que permitan avanzar una transición energética “verde”.


Esta legislación acelerada o “fast-track” viola el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), así como otros derechos fundamentales garantizados por la legislación provincial a través de la Ley de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DRIPA) y, a nivel federal, bajo la Ley de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (UNDRIPA). Las Primeras Naciones compartieron información sobre cómo estos y otros megaproyectos extractivos amenazan los territorios ancestrales de los pueblos Gitxsan, Gitanyow y Wet'suwet'en, con graves impactos también en las tierras y territorio marítimo de la Nación Haida, poniendo en peligro su supervivencia física y cultural, sus territorios y sus futuras generaciones.


Por su lado, las lideresas defensoras visitantes intercambiaron información con sus anfitrionas y anfitriones de las Primeras Naciones acerca de las amenazas a la vida y señalaron peligros profundos para la seguridad de aquellas lideresas y los líderes indígenas y comunitarios que desafían o se oponen a la expansión de la frontera extractiva en el Putumayo y otras regiones de Colombia.


Además, compartieron noticias sobre acciones y movilizaciones sociales que están organizando los movimientos indígenas y populares en la Amazonía colombiana para oponerse a los proyectos extractivos impuestos por empresas y financiadores canadienses. La información compartida incluyó una reciente declaración pública unánime e irrevocable rechazando un megaproyecto minero de cobre promovido por la empresa canadiense Copper Giant Resources (anteriormente conocida y registrada como Libero Cobre), con sede en Columbia Británica, que amenaza las montañas sagradas de Mocoa y corre un riesgo grande de dañar las cuencas hidrográficas de los territorios amazónicos ancestrales de 15 pueblos indígenas del Putumayo.


Además de los intercambios sobre las amenazas afectando a los territorios de vida, las líderesas visitando a Canadá y sus anfitriones y anfitrionas de la Primas Naciones mostraron cómo están revitalizando sus lenguas, manteniendo la espiritualidad, reivindicando los derechos indígenas y sistemas de gobierno propio. Se destacó el papel de las mujeres y los jóvenes en la toma de decisiones y la defensa territorial. Los diálogos y conversaciones interculturales a lo largo de la gira en territorios indígenas en Canadá comunicaron expresiones de conexión, entendimiento mutuo y solidaridad entre naciones y pueblos.


Del 25 al 27 de junio, representantes indígenas y campesinas de Putumayo, Caquetá, Caldas, Sucre y Antioquia compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre cómo enfrentar la megaminería, los megaproyectos extractivos y las inversiones internacionales que afectan sus territorios y vulneran sus derechos. Participaron lideresas y líderes de los pueblos indígenas Nasa, Inga, Kamëntsá, Kofán, Siona, Zenú, Uitoto, Murui, Embera Chamí y Macuna, junto con representantes de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica y delegados del Consejo de Guardianes Andino-Amazónicos.


Durante las sesiones de intercambio de información, los participantes aprendieron que casi la mitad de las empresas mineras que cotizan en la bolsa comercial en el mundo son canadienses; mientras que los flujos de inversión internacional de Canadá y otros países impulsan la expansión de proyectos extractivos y la megainfraestructuras asociada en Colombia.


Las lideresas y los líderes y representantes presentes en el evento expresaron su profunda preocupación por las amenazas a la vida y los daños actuales y potenciales a sus territorios causados por el sector industrial extractivo. Los diálogos incluyeron el intercambio de estrategias de coordinación, incidencia y comunicación, así como diversas acciones colectivas para enfrentar las amenazas de empresas abusivas, junto con iniciativas colectivas para proteger el patrimonio ancestral y salvaguardar a la Madre Tierra ahora y en el futuro, para beneficiar a (todos) sus hijos/pueblos y sostener la biodiversidad en este momento crítico para la humanidad.


Los participantes indígenas y campesinos en el encuentro en Bogotá denunciaron los impactos graves que las empresas canadienses de minería, petróleo y gas han tenido en sus vidas, culturas y territorios, incluyendo daños a los bosques e impactos negativos en las frágiles cuencas hidrográficas de la región amazónica. Los participantes intercambiaron información sobre el controvertido proyecto minero a gran escala propuesto por Copper Giant Resources Corp. (anteriormente Libero Cobre), que extraería cobre y molibdeno en el municipio de Mocoa, Putumayo, con una huella directa de 7800 hectáreas y cuya operación propuesta afectaría los territorios indígenas ancestrales de los pueblos Inga, Nasa y Kamëntsá y la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa.


La justicia colombiana ha dictaminado que esta empresa ha operado sin respetar el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI). El evento en Bogotá también incluyó diálogos y análisis colectivos sobre las concesiones y operaciones de Gran Tierra Energy, empresa de combustibles fósiles con sede en Calgary, Canadá, que en 2024 obtuvo el 93 % de sus ingresos de sus inversiones extractivas en Colombia. 


Esta empresa posee el 50 % del Bloque PUT8, que se superpone con el 81 % de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, un territorio campesino colectivo. Establecida hace 25 años, la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica orienta su compromiso con la conservación, el monitoreo de especies, los proyectos de vida y la recuperación de corredores biológicos, con énfasis en el territorio amazónico, a través de su lema: "Por la protección de la vida, el territorio y la biodiversidad". 


Los pueblos indígenas Nasa e Inga, entre otros, han denunciado que, a pesar de las sentencias judiciales que reconocen las violaciones del Estado y la empresa al derecho al consentimiento libre, previo e informado y al derecho a un medio ambiente sano, la empresa ha continuado sus operaciones. También se ha visto implicada en al menos 26 derrames de petróleo. Las licencias ambientales para estos proyectos siguen vigentes a pesar de que el Estado colombiano se ha comprometido a proteger la biodiversidad y defender los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.


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